Oficina de Apelaciones

La Oficina de Apelaciones ha sido creada por la DNDP con el apoyo de la cooperación internacional de USAID, con la cual se busca, en el marco de la implementación del nuevo Sistema Acusatorio en Colombia, propiciar un espacio en donde se estimule la ampliación de las garantías de los indiciados, imputados, acusados y condenados, a partir de la interpretación judicial en el ejercicio del derecho de impugnación por los defensores públicos, así como acompañar y propiciar la producción de una doctrina defensorial acorde con la exigencias del nuevo sistema, garantizando la existencia de una cadena de información y una estructura de apoyo que facilite la ampliación de los logros obtenidos.

Con esta iniciativa la Defensoría Pública busca no sólo generar un escenario más amplio de realización de garantías judiciales, sino también, dar a conocer a los defensores públicos las líneas de intervención y lo que se espera de su actividad en los diferentes espacios de discusión, registrar de manera sistemática los logros alcanzados y difundir las realizaciones obtenidas para consolidar y fortalecer la confianza y el reconocimiento a su trabajo en el contexto de la denominada nueva justicia.

La Oficina que empezó a operar el 1 de Julio en Bogotá con 3 abogados y una relatora, fue inaugurada oficialmente el viernes 21 de octubre. En el evento, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Nacional de Defensores Públicos reconocieron publicamente el apoyo brindado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) al proceso de fortalecimiento de la Defensoría Pública en Colombia, en el contexto de implementación del nuevo Sistema Acusatorio.

Los Abogados de la Oficina de Apelaciones ya elaboraron los primeros documentos relacionados con los pronunciamientos de juzgados y tribunales frente al sistema penal acusatorio y actualmente se encuentran generando directrices sobre los temas mas relevantes del nuevo sistema de juzgamiento penal.

Documentos producidos por la Oficina de Apelaciones de la Defensa Pública

1. Acuerdos y preacuerdos.
2. Apreciación probatoria en segunda instancia sobre antijuridicidad material de la conducta.
3. Consideraciones sobre la multa en el ordenamiento penal.
4. Directrices de aplicabilidad del artículo 11 de la Ley 733 de 2002.
5. Instructivo para facilitar la interpretación de la rebaja contenida en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
6. La coautoría impropia.
7. La regla de exclusión constitucional.
8. Rebaja de pena.
9. Código de Procedimiento Penal Comentado